12 militares del Batallón La Popa, a reconocer públicamente ‘falsos positivos’
La diligencia fue fijada por la JEP para el 18 y 19 de julio en Valledupar. Están imputados por la muerte de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció este viernes que la audiencia de reconocimiento de verdad de 12 miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa por los llamados “falsos positivos será el 18 y 19 de julio próximo en Valledupar.
Los militares fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzada que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate.
Tres de los 15 imputados no reconocieron su responsabilidad por los hechos: Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha, cuyos casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite al respectivo proceso.
En caso de ser condenados se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.
Durante la diligencia en Valledupar, los 12 militares fueron señalados como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ ocurridos en la región Caribe, por lo que deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura, a un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
A esta audiencia de reconocimiento fueron convocados miembros del Ejército que fueron declarados responsables por su participación determinante en la muerte de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Este grupo de militares hizo parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
La JEP citó a los siguientes militares: Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.
En la diligencia participarán las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas y sus representantes judiciales, así como la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP.